DIARIO SAN RAFAEL

En caso de ceder derechos a La Pampa por las aguas del Atuel, el gobernador de Mendoza iría en contra de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la legislación de aguas de la provincia

Ha generado polémica la posibilidad de que el gobernador Celso Jaque y su par pampeano Oscar Mario Jorge firmen hoy, en el marco de la visita de la presidenta Cristina Fernández, un acuerdo sobre las aguas del río Atuel que podría afectar los derechos de Mendoza.

Ante ello, desde el Instituto Privado de Legislación y Economía del Agua (IPLEA), una institución de San Rafael especializada en derecho de agua, advirtieron el perjuicio que podría ocasionar para el sur un posible convenio que no tenga en cuenta lo que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la década de 1980, cuando falló sobre el uso del agua de ese río en un conflicto similar con La Pampa.

El jurista Aldo Guarino Arias, integrante de IPLEA, recordó que el máximo tribunal nacional dijo que "le daba el derecho exclusivo a la provincia de Mendoza para seguir utilizando los actuales caudales del Atuel para cubrir las 75.725 hectáreas bajo riego, lo cual significaba que no se le podía dar una gota de agua a La Pampa".

En segundo lugar, "la Corte exhortó a las dos provincias a que celebren tratados y acuerdos interprovinciales para el uso futuro de las aguas del Atuel, vinculados a la existencia de excedentes futuros y no a los cupos actuales".

Además, el especialista aseguró que la distribución del agua "no puede ser 50% para La Pampa y 50% para Mendoza, porque es una barbaridad". Explicó que la Corte estableció que el reparto tiene que hacerse sobre las bases de las famosas "Reglas de Helsinki", un tratado internacional que fija diez parámetros que se debe tener en cuenta para la distribución del agua entre Estados vecinos que comparten cuencas hidrográficas.

Guarino Arias ejemplificó diciendo que uno de los parámetros es la población que se asienta en cada uno de los Estados de la cuenca, "o sea que si en un lado tengo diez habitantes y en el otro un habitante y tengo diez litros de agua, no le puedo dar cinco litros a cada lado".

Para Guarino Arias "en el problema del Atuel está muy claro, porque nosotros tenemos, de acuerdo al último censo, unos 100 mil habitantes asentados en la cuenca del Atuel en el territorio mendocino; mientras que en el lado pampeano se ubican 5.725 personas. Por esta diferencia no le podemos dar la misma cantidad de agua".

Dijo que "este es uno de los parámetros a tener en cuenta, hay otros más como por ejemplo la prioridad en el uso. La provincia de Mendoza ha demostrado que hace medio siglo que viene utilizando el agua, en La Pampa no se ha utilizado nunca". Tampoco "se le puede dar agua para un territorio que no tiene ni un programa establecido de qué va a hacer con ella, ¿sólo para llenar humedales?" -se preguntó- "cuando en el sur tenemos una agricultura floreciente con el esfuerzo y el trabajo de los mendocinos que han sabido aprovechar el agua".

Por todo esto, manifestó que "el gobierno de la provincia no puede comprometer un cupo de agua sin agotar los estudios necesarios que tienen que ser realizados entre las dos provincias a través del Comité Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI), y deben hacerlos técnicos y especialistas en la materia de las dos provincias".

Agregó que "el gobernador no puede comprometer una sola gota de agua por más que La Pampa quiera colaborar en la canalización del Atuel".

El CIAI es un organismo creado por un acuerdo interprovincial ratificado por ambas legislaturas e integrada por nueve representantes de cada una de las dos provincias. Este ente "es el encargado de definir el tema de la distribución de las aguas futuras del Atuel. El gobernador no puede pasar por alto eso porque estaría cometiendo una ilegalidad que le podría costar muy cara", dijo el especialista, además de indicar que se necesita la ratificación legislativa para ceder aguas de nuestros ríos.

La disyuntiva de Jaque

Una vez más, el gobernador de Mendoza se enfrenta a la disyuntiva de agradar a la presidenta o defender los intereses de los mendocinos, cosa que no hizo durante los cuatro meses que se prolongó el conflicto del campo por la Resolución 125 de retenciones móviles a las exportaciones de granos. Pero en este caso, su defección sería mucho más grave al accionar en contra de la tradición jurídica en Derecho de Aguas, un plexo legal que es anterior incluso a la Constitución de la provincia.

De todos modos, hasta ahora es un enigma el texto del convenio que el gobernador de La Pampa anunció que se firmaría hoy. De hecho, el subsecretario de Obras Públicas de la provincia realizó una discreta consulta a los especialistas del IPLEA que no trascendió oficialmente, y prometió someter a su opinión el facsímil del acuerdo, lo que hasta anoche no había hecho. Algunos de ellos, según confiaron "off the record", aún abrigan la esperanza de que no se firme nada o que se rubrique una simple "carta de intención" sujeta a la ratificación legislativa. En caso de obviar este paso, Jaque se expone a un juicio político que cualquier mendocino podría iniciar en su contra.

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